Agua de nadie
Más allá de las 200 millas que cada país controla frente a sus costas, comienza la alta mar. Aquella parte del océano que no pertenece a ningún gobierno y que cubre cerca de dos tercios de la superficie marina del planeta. Aunque suene lejana, de ella dependen buena parte de la pesca mundial, las rutas de especies migratorias como ballenas y tortugas, y la captura de carbono que regula el clima. Durante décadas, ese espacio funcionó sin reglas efectivas e integradas, y las flotas industriales internacionales operaban ahí con muy poco control, porque ningún Estado se sentía responsable de cuidarlo.
Eso cambió en enero de 2026, cuando entró en vigor el Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina de las Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido por su sigla en inglés (BBNJ), que por primera vez permite crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Una Área Marina Protegida (AMP) es una zona del océano donde se restringe cierta actividad para que la vida marina se recupere, igual que un parque nacional en tierra protege un bosque. El problema es que declarar una AMP sobre un mapa es fácil, pero hacerla efectiva en medio del océano es muy difícil, y el mundo está lleno de áreas de papel, protegidas en el discurso y abandonadas en la práctica. La pregunta que abre este tratado no es si se pueden dibujar nuevas AMP en alta mar, sino cómo lograr que se conviertan en una protección real.
En eso Chile tiene experiencia consolidada, porque lleva años trabajando para acortar esa brecha entre lo que se declara y lo que efectivamente se cuida. Tres casos de escalabilidad lo resumen, y son las áreas marinas de Rapa Nui, el Archipiélago de Juan Fernández y la red de Refugios Marinos levantada por los pescadores en la costa continental. Su valor está en que forman una experiencia acumulada y escalable, que se puede leer desde la caleta más pequeña hasta el océano abierto. Entender esa escalabilidad es clave porque permite ampliar la protección de una caleta a una isla y de una isla a la alta mar. Se trata finalmente de cambiar las condiciones sociales, ecológicas, políticas e institucionales, y en ese cambio está lo que facilita el proceso y también lo complejo que puede llegar a ser. Estas tres experiencias muestran lo difícil que resulta, incluso a escala nacional, pasar del papel a áreas realmente protegidas, un proceso que toma años. Esa es la lección que Chile puede llevar a la gobernanza de la alta mar.
El Tratado de Alta Mar y el riesgo de las áreas de papel
El Tratado entró en vigor el 17 de enero de 2026, tras casi veinte años de negociaciones. Es un texto extenso y detallado, con 76 artículos y dos anexos, y su respaldo político ha sido muy amplio. Hacia septiembre de 2026 lo han firmado alrededor de 145 países y más de 90 lo han ratificado, es decir, se obligaron formalmente a cumplirlo. La razón de su existencia es simple de explicar. Cuando en 1982 las naciones firmaron la gran convención que ordena los usos del mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la alta mar quedó como un territorio abierto a la explotación. Esas aguas internacionales, junto con el fondo marino que está debajo de ellas, son lo que el tratado llama Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional (ABNJ), es decir, todo el océano que no pertenece a ningún país.
Rodrigo Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Capital Azul, lo describe así: “En la CONVEMAR se dejaron las aguas internacionales como aguas de nadie, y eso permitió que por décadas el patrimonio natural de los océanos fuera explotado sin control, en perjuicio de toda la humanidad y en beneficio de muy pocos”. El BBNJ corrige ese vacío, y para Sánchez su aporte más profundo es un cambio de mirada, en donde “el patrimonio natural no es algo que es de nadie, sino algo que es de toda la humanidad”.
El tratado se apoya en cuatro pilares. El primero permite crear áreas protegidas y otras medidas de manejo en zonas específicas del océano. Ese conjunto de instrumentos se conoce como herramientas de gestión basadas en áreas (ABMT), y las Áreas Marinas Protegidas son las más estrictas de todas ellas, las que ofrecen mayor resguardo. El segundo regula los recursos genéticos marinos, es decir, el material biológico del mar con valor científico o comercial, y ordena repartir sus beneficios en lugar de dejarlos solo en los países más ricos. El tercero obliga a evaluar el impacto ambiental antes de autorizar actividades que puedan dañar esas aguas. El cuarto compromete apoyo técnico y transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo.
Para ponerlo en práctica, el tratado crea una institucionalidad propia cuya pieza central es la Conferencia de las Partes (COP), la asamblea que reúne a los países firmantes y toma las decisiones de qué se protege y cómo. Acá nos interesa el primer pilar, porque hace posible crear AMP en plena alta mar, algo que antes no tenía ninguna vía legal, y porque trae un reconocimiento clave, ya que sus Artículos 19 y 21 incorporan de forma explícita a las comunidades locales e indígenas, como portadoras de conocimiento tradicional, en el diseño de esas áreas. Las reglas concretas para aplicar todo esto empezarán a definirse en la primera COP, prevista para enero de 2027.
Las dificultades son grandes y es mejor no esconderlas. El mayor riesgo es que una zona declarada termine protegida sólo en el nombre, en lo que los especialistas llaman un “parque de papel”. Una revisión reciente de casi doscientas áreas protegidas en el mundo encontró que cerca de un cuarto de ellas eran exactamente eso, zonas que cumplían los compromisos internacionales sobre el papel, pero sin manejo ni vigilancia efectiva. Los estudios apuntan a dos causas principales, que son la exclusión de las comunidades locales y la falta de financiamiento para monitorear y fiscalizar.
Julio Chamorro, presidente de la organización comunitaria Mar de Juan Fernández, conoce ese desafío desde dentro: “Una vez armada la propuesta, el reto es que todos los países firmantes estén de acuerdo. Y existe un desafío mayor, que es la fiscalización, porque son lugares muy lejanos de la costa, y ante cualquier eventualidad hay que ver cómo se fiscaliza, cómo se llega al infractor”. Aquí el tratado puede ayudar, ya que al exigir evidencia, consulta y rendición de cuentas, actúa como una presión sobre los Estados para que la protección sea real. Para evitar que las AMP de alta mar terminen en parques de papel, hacen falta tres cosas concretas, que son objetivos claros y medibles; financiamiento sostenido para el monitoreo; y la participación de quienes conocen y usan esas aguas. En esas tres condiciones es donde la experiencia chilena tiene algo importante que decir.
Las islas que ya viven en alta mar: Rapa Nui y Juan Fernández
Chile conoce de cerca la distancia entre lo declarado y lo protegido. El país presenta una paradoja bastante incómoda, ya que ha declarado cerca del 40% de su mar como área protegida, pero menos del 1% de esa protección es efectiva en las costas donde vive la mayor parte de la población. Su experiencia demuestra que un decreto no cuida nada por sí solo, y que el trabajo real empieza cuando la protección debe bajar al agua y a las comunidades.
Los mejores ejemplos de esa protección efectiva están en sus islas, que funcionan como una antesala del alta mar. Julio Chamorro parte desde un dato revelador, “nosotros vivimos en alta mar; Rapa Nui y Juan Fernández son las únicas comunidades que viven en la placa de Nazca, y estamos a cientos de kilómetros de la costa”. Rapa Nui protege unos 729.000 kilómetros cuadrados de océano a través de su Consejo del Mar, el Koro Nui o te Vaikava, donde conviven representantes de la comunidad y del Estado. Ese modelo incorporó el derecho ancestral rapanui a la gestión moderna, de modo que el tapu, la prohibición sagrada de extraer en ciertas zonas, y el rahui, la veda temporal basada en conocimiento heredado, funcionan hoy como herramientas de manejo reconocidas por la ley. Su plan de manejo se aprobó con un 86% de apoyo comunitario, una legitimidad que pocas áreas protegidas pueden mostrar.
Juan Fernández repite el patrón a otra escala. Ubicado a 670 kilómetros de la costa, coadministra junto al Estado más de 587.000 kilómetros cuadrados de océano, que incluyen el Parque Marino Nazca-Desventuradas. Su comunidad ha sostenido por más de un siglo una pesquería de langosta sin cuotas oficiales, regulada por acuerdos internos, lo que prueba que la gobernanza desde las propias comunidades puede funcionar cuando los incentivos son claros. Esa comunidad ya mira hacia la alta mar que lo rodea.
Para Julio Chamorro, “las 200 millas de Juan Fernández y Las Desventuradas dejan un espacio entre ambas que queremos unir con un corredor biológico, acogiéndonos al Tratado BBNJ, y en la parte norte proteger el cordón de Nazca desde Rapa Nui. Por eso queremos formar una gran propuesta de área en alta mar”. Esa propuesta es la de las dorsales de Salas y Gómez y Nazca, una cadena de montañas submarinas de casi 2.900 kilómetros que se extiende desde Rapa Nui hacia el continente. Está llamada a convertirse en una de las primeras Áreas Marinas Protegidas de alta mar bajo el nuevo tratado, y en ella convergen las dos islas. Es la protección global aterrizada en un mapa concreto del Pacífico chileno.
La red de refugios marinos: cuidar el mar desde la caleta
Un peldaño más abajo, en la costa continental, está el ejemplo más local. Para entenderlo, hay que partir por una figura que existe en Chile desde 1997, las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, o AMERB. Son sectores del fondo marino que el Estado entrega en uso exclusivo a un sindicato de pescadores artesanales para que gestione de manera sostenible los recursos que viven pegados al fondo, como el loco, el erizo o el piure. El sistema convirtió a Chile en un referente mundial de manejo pesquero, ya que le dio a los pescadores un incentivo directo para cuidar aquello de lo que viven.
Un refugio marino nace dentro de una de esas áreas. Es una porción más pequeña donde el propio sindicato decide no extraer nada, una especie de semillero que se deja en reposo para que la vida se recupere, de modo que con los años ese núcleo repuebla las zonas contiguas donde sí se pesca y genera un beneficio directo para la comunidad. La red de refugios marinos que la Fundación Capital Azul ha impulsado junto a los sindicatos a lo largo de la costa funciona sobre esa lógica. Por eso el modelo se sostiene en la confianza, dado que las comunidades cuidan cuando el beneficio es mutuo y no cuando la orden llega desde una oficina lejana. Los resultados son visibles, al punto que dirigentes con décadas de buceo se sorprenden de cuánto se recupera un fondo marino apenas se lo deja tranquilo. En 2024, la nueva Ley Bentónica les entregó respaldo legal al reconocerlos como Zonas Voluntarias de Protección, convirtiendo en política pública una iniciativa que había nacido en las caletas.
La vigilancia también se ha vuelto más eficaz, con cámaras de visión nocturna que transmiten en vivo al teléfono del dirigente y vecinos que avisan cuando un bote entra donde no debe. Es fiscalización comunitaria en su forma más directa, porque los mismos que viven del mar son quienes lo cuidan. Sánchez resume bien la lección que este trabajo a pequeña escala deja para una tarea mucho más grande. “Los refugios marinos operan a una escala microscópica al lado de lo que viene a regular el Tratado de Alta Mar, pero lo más importante es usar la mejor información, los mejores datos, y ponerla sobre la mesa para convocar a todos los actores que tienen algo que decir, y en la medida en que esas conversaciones consideren la voz y los intereses de todos, vamos a poder tomar las mejores decisiones”. A eso agrega una regla práctica de gestión, “Cuando hay que tener las conversaciones complicadas, hay que tenerlas y zanjarlas de inmediato, para que se eviten los malentendidos y los conflictos”. Sentar a todos con buena información y no postergar lo difícil es justamente lo que necesitará la gobernanza de dos tercios del planeta.
De la caleta a la alta mar
Con el recorrido completo, el Tratado de Alta Mar necesita crear Áreas Marinas Protegidas en aguas internacionales y hacerlas funcionar, pero enfrenta un problema sin resolver, que es cómo vigilarlas y cómo lograr que las comunidades las asuman como propias. Ese es el mismo problema que la red de refugios; Rapa Nui y Juan Fernández llevan años trabajando a menor escala, y por eso los tres casos dejan de ser experiencias locales y se vuelven un aporte internacional. Cuando la COP1 empiece a escribir las reglas en 2027, Chile llegará con conocimiento comunitario probado, que es lo que los Artículos 19 y 21 exigen para diseñar las nuevas áreas, y con una propuesta concreta sobre la mesa, la de Salas y Gómez y Nazca.
Julio Chamorro lo plantea en una visión de largo plazo, “Chile es un país oceánico, uno de los que tiene más costa en el mundo, el tercero con mayor área marina protegida, pero eso no es suficiente”, porque falta resguardar la alta mar por donde pasan especies migratorias como cetáceos, delfines y aves. Y ve una ventaja concreta del país, ya que cuenta con “dos islas, una a 3.000 kilómetros de la costa y otra a 700, que podrían servir como bases de vigilancia, y esa posición geopolítica es algo que también podemos aportar al tratado”. El mayor desafío que él anticipa es fiscalizar un océano enorme y llegar hasta el infractor; es la misma dificultad que sus comunidades resuelven a diario.
Conviene no prometer resultados inmediatos, y el propio Rodrigo Sánchez es cauto en ese punto. “No creo que el tratado cambie el bienestar de las comunidades costeras en el corto plazo, pero confío en que sí lo haga en el largo plazo”. Esa es la escala de tiempo real de esta tarea. Un área Marina Protegida de alta mar sin comunidades que la sostengan tiene todo para sumarse a la lista de parques de papel, mientras que una construida junto a quienes usan esas aguas tiene con qué volverse real. Chile aprendió esa lección en sus caletas y en sus islas, y su verdadero aporte al Tratado de Alta Mar no será solo la superficie oceánica que administra, sino la forma en que sus comunidades han demostrado que cuidar el mar es posible cuando quienes lo habitan se hacen cargo de protegerlo.
